El 11 de junio de 2025 entró en vigor la denominada ley orgánica de inteligencia, según el estado ecuatoriano la normativa busca enfrentar riesgos que afectan la soberanía, el orden público y la seguridad integral, mediante la estructuración de un sistema articulado de inteligencia y contrainteligencia. Sin embargo, la ley ha sido criticada por la oposición, ya que teme que se convierta en una herramienta de espionaje y violación a la privacidad.<br />
